Perona Hector
Larga lucha de más de una década por parte de los directivos de nuestros gremios periodísticos, especialmente de los directivos del Colegio de Periodistas del Perú, para recuperar los derechos de los periodistas profesionales que les fueron arrebatados durante el gobierno fujimorista, cuando en marzo de 1998 fue promulgada la Ley 26937 que permite el ejercicio del periodismo sin título ni colegiatura.
Estudiantes de los últimos ciclos de periodismo se muestran muy preocupados por la programación peligrosa que se ofrece a diario en la televisión de señal abierta y desean conocer, ¿Cuál es el límite que debería existir entre la libertad de empresa y la actividad periodística. Lo ideal seria que los periodistas hagamos prevalecer la verdad por sobre todas las cosas, pero ello resulta una utopía cuando comprobamos que algunos malos empresarios insertos en la industria mediática y que tienen mala reputación por el dinero cuestionado que invierten en sus respectivas empresas, apuestan por apoyar a los partidos políticos y defienden a capa y espada los sospechosos contratos para publicidad que firman con representantes de empresas del sector publico y también del privado, sobre todo en época electoral y finalmente el periodista es sólo un empleado que debe estar sometido a la voluntad del dueño del medio o sino es puesto de patitas en la calle. ¿Quién regula o investiga a fondo estos hechos?. Recordemos que la Ley 26937 impuesta por el gobierno fujimorista desde la década de los años 90 y conocida como la Ley Torres y Torres Lara, que está vigente, permite el libre ejercicio del periodismo a cualquier persona sin título ni colegiatura y, la constitución peruana ampara la libertad para crear empresa. El Colegio de Periodistas del Perú, a través de su respectivo Consejo Nacional, con apoyo de sus 24 colegios regionales vienen gestionando la derogatoria de la referida Ley del gobierno fujimorista, sin lograr su objetivo.
Hace tres semanas la bancada del partido Solidaridad Nacional presentó un proyecto de Ley que establece como requisito obligatorio para el ejercicio profesional, en entidades públicas y privadas, así como de manera independiente, la colegiatura y la habilitación profesional vigente. La propuesta-publicada en una columna del Diario Perú 21- alcanzaría a más de 20 profesiones, entre ellas el periodismo. ¿Funcionará esta vez el sentido común de nuestros congresistas para aprobar este proyecto y convertirlo en Ley?
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