Detención de periodistas constituye
ataque letal a derecho a la información
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su firme rechazo a la detención de siete periodistas en plena cobertura informativa el último 20 de octubre. Dicho ataque al derecho a la información constituye un hecho sin precedentes en la última década en el país. La ANP quiere llamar la atención sobre lo acontecido -más allá de la liberación de los periodistas- puesto que la cobertura de temas de conflicto social vuelve a poner en el blanco a quienes tienen la responsabilidad de informar.
Los periodistas Martín Ramos Mamani, de Stereo Uno; Walter Porras Laguna, del semanario Vista Previa; Carlos Zuñiga Zeballos, de TV Austral; Jesús Fernández Rivera, de TV Unsa; Giancarlo Aragón Villanueva, de Quatro TV; Jorge Gámez Zuñiga, del diario Sin Fronteras y Julio Revilla Riega, fueron detenidos en pleno desplazamiento cuando se encontraban de retorno a la provincia de Arequipa tras registrar imágenes en una de las minas de la empresa Buenaventura, en Caylloma. Los reporteros habrían recogido información sobre los relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Colca. Al volver, encontraron el camino bloqueado por montículos de tierra. Enseguida, unos 15 efectivos policiales los intervinieron y los trasladaron bajo detención por los supuestos de usurpación y minería ilegal.
La ANP saluda la inmediata reacción solidaria de los periodistas de Arequipa, Caylloma y Camaná que hizo posible la liberación de los colegas denunciando el abuso de autoridad de los efectivos policiales quienes habrían maltratado y amenazado a los comunicadores sociales. Es inconcebible que los efectivos afirmen que no identificaron a los periodistas como tal pese a que estos llevaban en las manos sus herramientas de trabajo -cámaras y celulares-.
La ANP demanda una respuesta inmediata del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú -en particular- a quienes demandamos activen sus procedimientos internos para identificar y sancionar de manera ejemplar a los responsables de esta vulneración al derecho a la libre circulación y libertad de información de nuestros colegas.
Es hora de convocar con carácter de urgencia a una mesa de trabajo entre el Ministerio del Interior y el gremio periodístico. Hechos como los sucedidos en Caylloma no pueden volver a repetirse. Exigimos respeto pleno al trabajo de reporteros y camarógrafos y la adopción de medidas que conviertan a los efectivos policiales de nuestro país en garantes del ejercicio del derecho a la expresión e información de los periodistas y de la colectividad en su conjunto. Hay necesidad de instruir con claridad a los efectivos policiales sobre la naturaleza de nuestro trabajo y, sobre todo, desterrar ese carácter represor que ha caracterizado las actuaciones de dichos agentes durante regímenes no democráticos.
La ANP recuerda que no es la primera vez que los periodistas son objeto de agresiones en coberturas de conflictos sociales y medioambientales. Por ello, invocamos al área de la Presidencia del Consejo de Ministros responsables de mediar en estos casos para atender los reclamos de la población del distrito de Choco en torno a la actividad de la minera Buenaventura en el sur del país.
Lima, 24 de octubre del 2017
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
