GRAVE ASUNTO, LEER Y COMPARTIR
A ver amigos, va un texto quizás un poco extenso pero de gran interés y alarma, no solo por lo que a mí me toca sino porque de continuar el proceso judicial que describiré, en los términos actuales, cualquier periodista queda expuesto a sufrir una pena de cárcel por delito de opinión, algo que está prohibido en la legislación peruana.
Remontémonos a mediados de 2014. El director del diario El Comercio era Francisco Miró Quesada, mientras que su editora general, la señora Martha Meier Miró Quesada. El diario había tomado, en general, un estilo virulento y agresivo, especialmente en contra de la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, una campaña liderada por la señora Meier que buscaba desacreditar a la máxima autoridad edil. Día a día los lectores nos enfrentábamos con noticias, y sobre todo editoriales, en los que se denigraba a la señora Villarán tanto como a su labor como alcaldesa y su equipo de colaboradores, muchas veces sin ningún sustento ni rigor periodístico. Esta actitud de la señora Meier le había producido al diario serios problemas como el apartamiento de personajes como Mario Vargas Llosa de sus páginas, solo para mencionar al más reconocido.
El día 14 de junio de ese año apareció una columna editorial firmada por la señora Meier, titulada El síndrome de Susy, que fue la gota que colmó el vaso. La nota sumaba una cantidad generosa de infundios y agresiones contra la señora Villarán, a la que desde el título tildaba de loca, y en el contenido decía de ella que vivía “en el país de tra, la,lá” y que era la peor autoridad edil en la historia de la ciudad capital. ¿Argumentos que sustentaran estos insultos? Ninguno, más allá de mencionar refritos como el Cristo blanco del Morro Solar o las arenas de La Herradura.
Dos días después circuló una carta pública de Michel Azcueta, un respetado personaje del periodismo y la política, en la que pide a la señora Meier disculparse con la alcaldesa, por el contenido agraviante de la nota. Yo sentí una profunda indignación frente a un ejercicio del periodismo de tan bajo nivel como el que demostraba en ese caso la señora Meier, y salí en defensa de Villarán, como lo hubiera hecho con cualquier otra autoridad pues no me unía ni me une ningún vínculo político ni amical con la ex alcaldesa. Fue entonces que el 24 de abril publiqué en mi columna “Dueño de Nada” del semanario Caretas, una columna titulada La primita insurrecta, en la que sostenía la siguiente hipótesis: un diario como El Comercio, con 175 años de vida, de hecho tiene en su Directorio personas serias y responsables, que deben vivir temiendo qué otro nuevo conflicto y con quién, les iba a crear la señora Meier. Esto, dicho con un estilo si bien zumbón, nada agresivo ni insultante.
Al poco tiempo me llega una notificación judicial de la jueza doctora Susan Katherine Coronado Zegarra, del 42 Juzgado Penal – Reos Libres, en la que se me informaba haber sido denunciado por difamación agravada por la señora Meier Miró Quesada. De inmediato me puse en contacto con el abogado Roberto Pereira, especialista en estos temas, y tomé sus servicios. En el proceso nos enteramos de que la denuncia era un listado de interpretaciones bizarras y disparatadas de la señora Meier. Me acusa por ejemplo de desdén porque sostengo que no aporto ningún argumento para sustentar su crítica; y misoginia porque en un momento pongo en mi nota que ella es la “primita insurrecta”.
En otro párrafo remito a su calidad de periodista ecologista y señalo “curiosa ecologista que aparece con frecuencia en las páginas sociales del diario rodeada de condesas limeñas vestidas con abrigos de zorro”. Para la señora Meier, con esa referencia le estaba diciendo a ella, “zorra”. El artículo lo cierro recomendando prudencia a la señora Meier, y uso como última frase un dicho coloquial limeño: “es justo varón”. La señora Meier interpreta eso como misoginia y desprecio a la mujer.
Pasó el tiempo y fuimos citados para exponer nuestros alegatos de defensa ante la jueza. Mi abogado cimentó su defensa en que lo mío fue un artículo de opinión crítica que recurre de manera legítima a la ironía, donde no había ningún insulto que buscara solamente agredir, y que un personaje público, por intervenir voluntariamente en el debate de asuntos de interés general, más aún si es polémico, tiene que estar dispuesto a tolerar argumentos duros en su contra, aunque le resulten desagradables.
Así lo tiene establecido la jurisprudencia internacional de derechos humanos, la europea y la interamericana, como la Corte Suprema del Perú. Por eso es que el delito de difamación por opiniones, retrocede en la legislación de cada vez más países del mundo: se aplica en cambio con gran facilidad y felicidad en Venezuela y Ecuador, donde no hay precisamente libertad de expresión y prensa.
Lo peculiar del caso que describo es que dos meses después de publicada mi nota, y cuando en El Comercio se había dado un cambio en la dirección, aunque permanecía la señora Meier, esta es despedida de la empresa por insistir en publicar un editorial en el que atribuía sin sustento alguno severos cargos en dos momentos. Uno, a una empresa minera a la que acusaba de pagar coimas; y el otro llamando “narcopromotor” a un magnate norteamericano que apoya a diversas ONGs del mundo. El nuevo director del diario, Fernando Berckemeyer, publicó al día siguiente del despido un editorial en el que explicaba lo sucedido e insistía en que El Comercio no se permite un manejo tan irresponsable de la información. Más tarde, en la ampliación de los términos de su denuncia, la señora Meier atribuiría a mi nota en Caretas su despido del diario.
Muy bien, dos semanas atrás recibí una nueva citación de la jueza para el día 3 de mayo, para la lectura de la sentencia. Eso significa, como me explicó mi abogado, que la jueza me leerá una condena penal, pues si me hubiera absuelto simplemente se me habría notificado a la casilla del Poder Judicial. Es decir, me encuentro ante el serio riesgo de que el día 3, de leerse la sentencia, yo tenga que purgar prisión efectiva hasta por tres años, y pagar una reparación de cinco millones de soles, como ha pedido la señora Meier. Un dato que agrega gravedad a todo esto es que la jueza pretenda condenarme casi diez meses después de que escuchó nuestros alegatos de defensa. Probablemente ni siquiera se acuerde de lo que explicamos y debatimos en esa diligencia.
Por supuesto, hay infinidad de recursos de protección y apelación, y Roberto Pereira los está manejando a full acelerador. Pero hay un factor importante, necesito, necesitamos los periodistas frente a este tipo de arbitrariedades, el apoyo de toda persona con principios democráticos, que se pronuncie por las redes sociales dando su opinión.
No les explico cómo me siento, solo que ratifico la sensación de estar viviendo una situación kafkiana, que de concretarse en una sentencia condenatoria sentaría un precedente nefasto para las libertades de opinión y prensa en el Perú.
Lo dejo en sus manos.
