ASOCIACION NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ

                                                                    PRONUNCIAMIENTO

ANP exige responsabilidades políticas y penales ante infame violación de derechos humanos en el país

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera crímenes de Estado la muerte de dos civiles en el marco de la legítima protesta ciudadana en el país. Dichas muertes deben ser llevadas a los tribunales internacionales y someter a la justicia a los responsables políticos a quienes la renuncia a sus funciones no exime de juicio.

La ANP recuerda que la Policía Nacional del Perú es una institución altamente jerarquizada por lo que hay responsabilidades políticas en este nivel de represión policial no visto en los últimos 30 años. Deploramos, en ese sentido, que el renunciante Manuel Merino de Lama y Antero Flores-Aráoz, en su condición de primer ministro, felicitaran públicamente el accionar de efectivos policiales en los operativos de contención de las protestas, a pesar de las detenciones arbitrarias, agresiones y graves limitaciones al trabajo periodístico denunciadas en el marco de las mismas.

Dichas violaciones a los derechos humanos se han producido en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza policial ante el legítimo derecho a la protesta de la ciudadanía, vulnerando no sólo ordenamiento jurídico nacional, sino todo estándar interamericano fijado sobre el particular.

La ANP ha contabilizado en los últimos cinco días 38 ataques a periodistas. Del total de estos, 31 han sido perpetrados por agentes policiales y siete por sujetos no identificados. Periodistas y fotoperiodistas fueron deliberadamente atacados a pesar de tener visible su identificación de prensa.

En estos días de signo trágico para el país, la ANP expresa su pesar a las familias de los asesinados, demanda inmediata intervención del Ministerio Público para formalizar acción penal contra Manuel Merino de Lama, Antero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez Limo y los jefes de la Policía responsables del operativo e invoca a los actores políticos del país alto sentido de Estado para restablecer el orden democrático.

De cara al bicentenario de la patria nuestras mayores banderas deben ser el respeto al derecho a la vida, a la expresión, a la opinión, a la manifestación, garantías para el derecho a la información y la sana convivencia democrática.

Finalmente, la ANP reafirma su compromiso de cumplir con su rol gremial de velar por la vida y trabajo de las y los periodistas en el país y de su tarea de vigilancia permanente para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Lima, 15 de noviembre del 2020

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DENUNCIA ATAQUES A PERIODISTAS DURANTE PROTESTAS

 ANP denuncia 35 ataques a periodistas durante protestas

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reporta que durante 4 días de protestas ciudadanas (9, 10, 11 y 12 de noviembre) han sido registrados 35 ataques a periodistas.

Del total de estos, 29 han sido perpetrados por agentes policiales y 6 por sujetos no identificados en el marco de las manifestaciones ciudadanas.

La mayor cifra de agresiones a la prensa se han concentrado en la capital con 34 ataques. Solo dos se sucedieron en la provincia de Puerto Maldonado (Madre de Dios).

La ANP reprueba que el Estado evada su responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los periodistas durante la cobertura informativa de la protesta social, mandato que emana del marco legal nacional y los estándares interamericanos. Con el agravante, además, de que son, precisamente efectivos de la Policía Nacional de Perú, los principales agresores de hombres y mujeres de prensa.

La ANP, a través de su observatorio de libertad de prensa -que se encuentra en actividad permanente durante los días de protestas-, sigue monitoreando las agresiones y obstrucciones a trabajo periodístico durante la cobertura de las manifestaciones a nivel nacional.

Mira el informe aquí: https://bit.ly/35w5T0N o en el documento adjunto

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES ANP

PRONUNCIAMIENTO ANP

ANP ha registrado 16 agresiones a fotoperiodistas y reporteros en últimas 48 horas

Libertad de información y derecho a la protesta son pilares de la democracia

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú deplora la actuación de los efectivos policiales que, en las últimas 48 horas, en el marco del ejercicio del legítimo derecho ciudadano a la protesta, han reprimido a fotoperiodistas, reporteros/as y manifestantes

La ANP recuerda que es deber del Estado brindar garantías para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de información, expresión y opinión, por lo que los excesos de función de miembros de la Policía Nacional del Perú los días 9 y 10 de noviembre son violatorios de lo prescrito en el marco legal nacional y vulneran los estándares de actuación fijados por el sistema interamericano de derechos humanos.

Al menos 16 fotoperiodistas, videoreporteros/as y reporteros/as del grupo El Comercio, La República, Wayka, Exitosa, Huku Comunicaciones, entre otros medios, han sido agredidos en circunstancias en las que realizaban su trabajo de cobertura. Es importante recordar que el registro visual y audiovisual que realizan fotoperiodistas y videoreporteros/as permiten documentar las actuaciones de cada una de las partes involucradas en la protesta. Debe ponerse en valor el aporte a la transparencia que esto significa.

Aún en los casos más extremos y excepcionales el derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos.

Tal como señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe “Protesta y Derechos Humanos (INF22/19), “un amplio acceso a la información no se relaciona sólo a la rendición de cuentas y el modo en que el Estado facilita la protesta, sino que también resulta fundamental para facilitar la canalización, visualización y difusión de las acciones y discursos de los manifestantes (…)”.

Para la ANP, las actuaciones protagonizadas por los efectivos policiales en las últimas 48 horas constituyen abiertamente abuso de autoridad por lo que demandamos una respuesta efectiva del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que están en el deber de asumir su rol de investigación y tutela, según sea el caso, de los derechos fundamentales. Por tanto, exigimos el cese inmediato de las detenciones ilegales, identificación de agentes policiales agresores y una investigación independiente y sin dilaciones sobre el uso excesivo de la fuerza en los operativos.

La ANP reconoce y alienta el accionar solidario de fotoperiodistas y reporteros/as quienes se encuentran cubriendo las protestas en primera línea. La respuesta inmediata como colectivo ante la agresión o el intento de detención de un colega han sido claves para aplacar los abusos. El compañerismo, en circunstancias tan complejas como las que atraviesa el país, es nuestra más eficaz arma de cuidado y autodefensa. 

Finalmente, la ANP se declara en alerta permanente, documentando y denunciando los casos de agresiones a periodistas, estigmatización y todo tipo de limitación al ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información, vengan estas de efectivos policiales o de quienes se manifiestan legítimamente. El respeto a los derechos fundamentales y las garantías para el ejercicio de libertades son pilares básicos de una sana convivencia democrática.

Lima, noviembre del 2020

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Lea el informe completo aquí: https://bit.ly/2UupNTT

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ

 

Ley de protección de datos personales

no puede utilizarse como instrumento para amedrentar a la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú -ANP- ve con profunda preocupación que, de manera reiterada, se haga mal uso de la denominada Ley de protección de datos personales (Ley 29733) en desmedro del derecho ciudadano a la información.

Reprobamos que, tal como viene sucediendo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pondere razonablemente el ejercicio de estos dos derechos. Utilizar la figura de vulneración a la protección de datos sensibles para coaccionar a periodistas y medios es injustificable. La instrumentalización de la ley desnaturaliza su fin legítimo de protección.

La ANP recuerda que el artículo 7 de la mencionada norma señala el principio de proporcionalidad entendiendo que el “tratamiento de datos debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad que estos hubiesen sido recopilados”.

El semanario Hildebrandt en sus Trece ha revelado que, el 26 de octubre el Ejecutivo, a través de la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha iniciado un proceso administrativo sancionador que hace al medio pasible de una elevada sanción económica que, según revela la publicación, podría llegar hasta las 50 UITs (215 mil soles). Ello, en la práctica, significaría la quiebra económica de la publicación.

El origen de este proceso radica en una denuncia que el paciente 0 de covid en el Perú habría interpuesto al semanario ante el MINJUSDH, indicando que sintió invadida su privacidad ante una supuesta intromisión del medio para revelar su identidad y publicar su fotografía en un texto periodístico difundido el 13 de marzo.

En los últimos años la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP ha detectado un aumento en las demandas contra medios por la presunta infracción a esta ley. Hemos advertido la necesidad de modificar su reglamento para que no se convierta en una potencial amenaza al trabajo periodístico y el derecho a la información.

Desde la ANP nos solidarizamos con el semanario Hildebrandt en sus Trece y demandamos al MINJUSDH reconsiderar el proceso administrativo sancionador valorando como elementos vitales a tomar en cuenta la primacía del interés público, la transparencia y el derecho a la información en el tratamiento de los datos. De no hacerlo la infracción se traducirá en la quiebra y consecuente cierre del medio, convirtiendo al Estado Peruano en el autor de uno de los más graves ataques a la libertad de prensa perpetrados en el país en el último quinquenio.

Lima, 8 de noviembre del 2020

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL