Alerta Perú (SAN MARTIN)
PERIODISTA ES QUERELLADA POR
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO
La periodista Glenda Rocío Mello Pinedo, conductora del programa televisivo Enfoques y del programa radial Actualidades de Mediodía, de Radio Tropical, en la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín, ha sido querellada por el expresidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas.
El exparlamentario quien acusa a la periodista de afectar su honra demanda una indemnización de 1 millón de soles por concepto de daños y perjuicios.
La querella se interpone tras la difusión de un audio que correspondería a la voz del expresidente del Congreso y el alcalde de Tarapoto, Walter Grundel Jiménez. Dicha grabación fue revelada por el programa Enfoques en su edición del 3 de junio último.
El audio, que revelaría una presunta asociación ilícita para delinquir, dura aproximadamente 26 minutos y habría sido grabado en el 2013, cuando el entonces congresista Víctor Isla Rojas era la máxima autoridad del Parlamento. Según se desprende del diálogo, Víctor Isla buscó al alcalde de Tarapoto, Walter Grundell, para que este le prestara el nombre de una de sus empresas para transferirle una maquinaria pesada que no podía figurar a nombre del entonces parlamentario.
Entre los querellados por Isla también están el periodista Ramón Alfonso Amaringo Gonzales y las empresas televisivas Vía Televisión y Antares TV y Radio, estas dos últimas consignadas como terceros civilmente responsables.
El excongresista asegura que la voz del audio no es su voz a pesar de que un perito judicial de amplia experiencia, contratado por el equipo periodístico de Cuarto Poder, indicó que con una certeza del 95% se trataría de la voz del congresista.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su rechazo a esta nueva querella que intenta -como la mayoría de las veces- silenciar la crítica y amedrentar a los periodistas de las regiones que revelan presuntos hechos de corrupción.
Nuestro gremio, además, condena que los querellantes demanden cifras millonarias de indemnización (en este caso un millón de soles), que de por sí delata el ánimo de exterminar voces críticas y forzar la quiebra económica de los medios regionales.
Esta alerta es de responsabilidad de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodistas - OFIP y de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
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